Garantía de imparcialidad Bingo

Por tratarse de una materia latamente tratada por la doctrina, voluntariamente hemos decidido no adentrarnos en el análisis ontológico y axiológico según la tesis que se siga de este tema limitándonos a resumir que, en Chile, existen dos grandes tendencias doctrinarias a este respecto, más la tesis sostenida por el Tribunal Constitucional en adelante, TC las que pueden sistematizarse en los términos que se pasan a exponer.

Una primera tesis considera que existe una identidad material entre el poder de sanción de la administración y el poder de sanción de los tribunales ya que en los dos poderes derivan de un solo y único ius puniendi estatal , por lo que se concluye que los dos poderes deben ser regidos por los mismos principios y garantías Dicho argumento ha sido criticado por adolecer de un problema de insuficiencia explicativa, además de plantear una problemática que, se afirma, sería artificial De esta forma, no obstante, la coherencia de aquella tesis que pugna por la diferenciación entre sanciones penales y administrativas parece ser que las posiciones que pugnan por la aplicabilidad de las garantías han ido ganando terreno a tal punto que la promulgación de esta Ley fue la oportunidad para realizar una reforma al procedimiento sancionatorio por lo menos respecto del mercado financiero.

Así quedó de manifiesto en el mensaje del proyecto de ley que creó la CMF, en cuanto pone en relieve los dos aspectos que requerían reforma:. El diseño orgánico del regulador, poniendo término a la concentración de funciones 16 y asegurando el debido proceso;.

El proceso administrativo sancionatorio de tal forma que se expliciten los principios y etapas del procedimiento aplicable 17 , y previendo una revisión judicial oportuna de las decisiones de la entidad regulatoria Ahora bien, ¿a qué garantías nos referimos cuando hablamos de garantías procesales?

Mediante esa expresión queremos hacer referencia a una serie de garantías que forman parte de lo que se denomina, derecho a un debido proceso , o proceso justo y equitativo, también denominado derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

En general se entiende que dicho derecho está compuesto de varias facetas: el derecho de acceso a una justicia independiente e imparcial, el derecho a una buena justicia y el derecho a la ejecución de las decisiones de la justicia Como hemos señalado, en este texto nos referimos a la primera faceta.

Por otra parte, si bien se consagra el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por esta , no se consagra la exigencia de que el tribunal sea independiente e imparcial.

No obstante, la falta de consagración explícita de las garantías en cuestión 24 , el TC ha afirmado su aplicabilidad:. todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial Es más, a juicio de este Tribunal, la independencia e imparcialidad no sólo son componentes de todo proceso justo y racional, sino que, además, son elementos consustanciales al concepto mismo de juez.

un funcionario que ejecuta parte de la potestad administrativa sin estar sujeto a los principios de imparcialidad e independencia, carece de las cualidades esenciales de un tribunal, aun cuando la ley lo nomine como tal, toda vez que no observa los elementos fundamentales que configuran la actividad jurisdiccional La doctrina chilena por su parte se ha abocado poco al análisis del acceso a una justicia independiente e imparcial concentrándose en la.

dimensión procesal de la justicia, es decir, se analizan las exigencias constitucionales que debe reunir el proceso y el contradictorio que se desarrolla entre partes, dejándose en un segundo plano las exigencias constitucionales de la organización de los juzgados y tribunales Sin pretender paliar ese vacío doctrinario sino solo contribuir al examen de la independencia e imparcialidad aplicada a un regulador en específico, pasamos a examinar en qué consiste la garantía de la imparcialidad del juzgador aplicada a la CMF.

Las facetas de la imparcialidad: respecto del órgano sancionador, del procedimiento aplicable y de los miembros del regulador. La imparcialidad puede definirse como la cualidad de aquel que juzga lato sensus una persona, una cosa, una idea, sin tomar partido favorable o desfavorable Ella es aplicable a todo organismo público encargado de juzgar.

Hagamos nuevamente presente que es controvertido en doctrina, el hecho de que la imposición de sanciones sea asimilable a una función jurisdiccional y que, en consecuencia, le sean aplicables las garantías procesales. Sin embargo, estimamos que la garantía de imparcialidad es sin duda aplicable a los procedimientos sancionatorios seguidos por la CMF fundados, principalmente, en los objetivos perseguidos por la ley, explicitados en su historia legislativa, y a los que ya hemos hecho referencia.

La exigibilidad de esta garantía se planteó inicialmente a propósito del cúmulo de las funciones de reglamentación y de sanción en manos de la administración estatal: ¿Cómo un organismo que dictaba normas podía también juzgar si un sujeto las había incumplido o no, sin estimarse que actuaba como juez y parte?

Dicho cuestionamiento fue descartado, sosteniéndose que el cúmulo de funciones es necesario, algunos afirman que imprescindible 28 , para un ejercicio eficaz 29 de la función regulatoria. La pregunta que nos formulamos hoy es si es exigible a los reguladores financieros que en la aplicación de sanciones no tomen partido favorable o desfavorable.

Los análisis más recientes sobre la materia 30 , suelen señalar que no es posible exigir a un órgano de la administración estatal que sea imparcial respecto de la misma administración estatal de la que forma parte Dicho de otra forma, no es posible pedir a un órgano de la administración pensemos en un servicio de salud que al aplicar una sanción una multa a una ISAPRE, por ejemplo no tenga un interés comprometido en el ejercicio de la función que le permite velar por el cumplimento de sus objetivos institucionales.

Nosotros consideramos que el examen de la imparcialidad de los reguladores exige realizar ciertas distinciones previas:. La imparcialidad desde la perspectiva del órgano y del interés que tiene comprometido en el ejercicio de su facultad de sanción,.

La imparcialidad desde la perspectiva del órgano y su diseño en relación con la aplicación de sanciones,. El interés comprometido en la facultad de sanción no es causal de parcialidad. Como hemos adelantado, considerando el interés comprometido en el ejercicio de la facultad de sanción, se ha objetado que la Administración al sancionar estaría actuando como juez y parte.

Se cuestiona entonces, la autotutela administrativa declarativa y ejecutiva. Para contradecir el argumento anterior se ha señalado, en una opinión que compartimos, que la imparcialidad no es aplicable a la Administración desde la perspectiva del interés comprometido, puesto que la justificación del poder de sanción radica, precisamente, en que este poder es necesario para el óptimo cumplimiento de la función administrativa conferida por la Constitución al presidente de la república en colaboración con una administración técnica y profesional En consecuencia, la función regulatoria en su faceta sancionadora no tendría que cumplir los estándares del derecho penal porque no se trata únicamente de.

un garantismo individual frente al poder estatal de dar órdenes e imponerlas por la fuerza el denominado poder de policía o ius puniendi estatal sino también, y al mismo tiempo, garantismo social para la idónea satisfacción de sensibles intereses públicos comprometidos que mediante la actividad administrativa se busca salvaguardar.

en ejercicio de sus competencias sancionadoras los órganos de la administración actúan -aunque parezca evidente decirlo- simplemente como tales, esto es como órganos del Estado dotados constitucionalmente de la responsabilidad de ejercer la función administrativa dentro de su respectivo ámbito de competencia en el marco de las cuales generalizadamente se les ha investido de potestades sancionadoras para el adecuado resguardo de los intereses públicos comprometidos.

El fallo no contradice lo que hemos sostenido porque él está referido a las facultades de arbitraje conferidas a un regulador, es decir, a la facultad para dirimir conflictos de terceros a nuestro parecer equivalente a un juez civil , la que no obedece a la misma lógica de los procedimientos sancionatorios a nuestro parecer equivalentes a un procedimiento ante un tribunal penal.

En suma, desde la perspectiva del interés comprometido en la facultad de sanción nos. Parece que la imparcialidad no puede ser exigida regulador puesto que dicho poder se le confiere para cumplir su objetivo estatutario: proteger el mercado.

Pensar de otra manera equivale a pedir a los tribunales que sean imparciales respecto de su interés en administrar correctamente justicia. Imparcialidad: separación de la instrucción y el juzgamiento y la estructura del regulador.

Lo que la doctrina administrativista nacional no ha analizado específicamente, es la aplicabilidad de la garantía de la imparcialidad en la organización del procedimiento de sanción en el sentido en que esta exige la separación entre las funciones de investigar o fiscalizar asimilable a la instrucción en el procedimiento penal y la función de juzgamiento.

En este punto la noción de garantismo social no nos parece suficiente para descartar la aplicación de la garantía de imparcialidad al diseño orgánico del regulador, pues este también debe asegurar aquella parte mínima de garantismo individual de la que no puede prescindirse en el ejercicio del poder de sanción.

Al respecto, mirando al derecho comparado la imparcialidad se consagra operando una separación entre las funciones de investigar o fiscalizar y la función de juzgamiento 34 , llegando incluso a exigirse que ambas funciones estén radicadas en organismos funcionalmente separados En la búsqueda de dicha imparcialidad orgánica, en Inglaterra, tras los cambios introducidos por la Financial Services Act FSA de , los poderes de la antigua FSA fueron repartidos entre la Financial Conduct Authority FCA y la Prudential Regulation Authority PRA , siendo la primera quien ejerce los poderes antes detentados por la antigua Financial Services Authority Los procedimientos difieren según la infracción y sanción aplicable, por ejemplo, tratándose de una violación a las reglas sobre transparencia en la cotización de valores, prevista en el artículo 89 de la FSA, si la autoridad FCA o PRA decide tomar medidas ella debe realizar una advertencia e indicar el monto de la sanción que se propone al Tribunal de servicios y mercados financieros Financial services and markets Tribunal En el caso del modelo francés, se establece un Colegio, cuerpo colegiado, valga la redundancia, órgano ejecutivo del regulador la Autoridad de los mercados financieros, AMF , y por otra parte se encuentra otro cuerpo colegiado denominado Comisión de Sanciones.

La apertura del procedimiento y su instrucción, se encuentran en manos de un relator miembro de la Comisión de Sanciones, siendo esta última quien decide si se aplica una sanción o no Destacamos como medidas destinadas a asegurar la separación orgánica entre el Colegio y la Comisión 39 las siguientes:.

Un representante del Colegio puede intervenir delante de la Comisión de Sanciones 40 , desde la notificación de los cargos, pudiendo ser escuchado en audición, teniendo derecho a acceder al expediente, a plantear observaciones escritas y proponer una sanción Estas modificaciones tuvieron por objeto evitar que sea el relator miembro de la Comisión de Sanciones quien proponga una sanción Demostrando a nuestro parece, la completa separación de funciones, el Colegio puede apelar de las decisiones de la Comisión de Sanciones.

En Estados Unidos el regulador, la Securities and Exchange Commission investiga a través de su división de Enforcement, y cuando decide acusar debe llevar las causas antes las cortes de distrito o bien su propio tribunal administrativo, organismo independiente de los miembros de la Comisión.

También se encuentra habilitada para apelar de la decisión de los tribunales. De esta forma, dos importantes legislaciones han cuidado de separar completamente las funciones de investigación y formulación de cargos y de actividad sancionadora propiamente tal, radicándolas en órganos separados.

En el mismo sentido han operado en Chile la reforma en materia de libre competencia, mediante la creación de la división entre la Fiscalía Nacional Económica y los Tribunales de la Libre Competencia 43 , y en materia medioambiental, mediante la separación entre la Superintendencia del Medioambiente y los Tribunales Ambientales.

Esa exigencia se traduce en la obligación de abstención consagrado en el artículo 12 de la Ley En Francia la Ley Nº sobre el estatuto general de las autoridades administrativas independientes y las autoridades independientes establece en el artículo 12, entre otras, que ningún miembro de esos organismos puede participar en una sesión, deliberación, verificación ni control:.

Dicha causal se aplica también cuando dicho interés ha existido dentro de los 3 años que preceden la deliberación, la verificación o el control. Cuando ejerce funciones o mandatos en relación con una persona jurídica concernida por la deliberación verificación o control o los ha ejercido en el curso de los 3 años que las preceden.

En Estados Unidos el título 17 del e-CRF relativo a la Commodity Futures Trading Commission y a la Securities and Exchange Commission contiene normas generales estándares relativos a la imparcialidad de los reguladores.

En dicha normativa se evoca la imparcialidad bajo la denominación de perspectiva independiente Independent perspective entendiendo por tal un punto de vista imparcial respecto de los asuntos que conciernen la competencia, el negocio o la industria de manera que la decisión considera a todos los grupos interesados que están involucrados.

Se establece así, que los miembros deben mantener estándares inusualmente altos de honestidad, integridad, imparcialidad y conducta.

Deben estar constantemente conscientes de la necesidad de evitar situaciones de las que pueda resultar una mala conducta, o un conflicto de interés ya sea real o aparente justice must be seen to be done Imparcialidad en la Ley Nº En esta sección examinaremos el tratamiento de la imparcialidad dado en la Ley desde la perspectiva del diseño del órgano y de las personas naturales que juzgan el caso concreto.

Como hemos señalado, la garantía de imparcialidad se traduce, respecto de las personas físicas, en el deber de abstención de los miembros que se encuentran en situación de conflicto de interés que les impide pronunciarse sin el riesgo de tomar partido favorable o desfavorable. Hagamos presente que también existen interdicciones post empleo que buscan evitar el conflicto de interés, sin embargo, no las analizaremos puesto que ellas solo actúan como contraincentivo y con carácter ex post , de tal forma que, por su propia naturaleza futura , no puede ser invocadas por un sujeto regulado que está siendo objeto de un procedimiento de sanción La materia fue tratada: a consagrando causales de abstención nuevas en el artículo 16 de la Ley Nº En los párrafos siguientes nos haremos cargo de ellos concentrándonos particularmente, por razones obvias, en las nuevas causales de abstención.

La probidad en la función pública se define en el Art. La remisión a la ley de probidad y la LBPA carece de relevancia por cuanto ya vinculaban a la SVS en virtud del ámbito de aplicación señalado por los mismos textos normativos Art.

La ley de probidad parte del supuesto de que la ciudadanía, debidamente informada en base a los mecanismos que ella provee, es la mejor situada para controlar los conflictos de interés que afecten a funcionarios públicos Dicha información es necesaria, por ejemplo, para fiscalizar el cumplimiento de la obligación de abstención, prevista en el Art.

Dado el perímetro regulatorio en que los comisionados se desempeñan, son útiles las obligaciones de declarar artículo 7 :.

Las actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas. Se deben declarar no solo las actividades actuales, sino también las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de asunción del cargo porque, como hemos comentado con anterioridad, el conflicto de interés con el sector privado proviene normalmente de las actividades profesionales previas al desempeño del cargo.

El nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad. Los bienes del cónyuge y los del conviviente civil cuando estén en un régimen de comunidad de bienes.

Si el régimen es otro la declaración es voluntaria y requiere el consentimiento del propietario. Lo mismo, si la cónyuge del declarante es titular de un patrimonio reservado. No nos parece acertado que la declaración de las actividades profesionales, laborales, etc.

se restrinjan a un período de 12 meses considerando que la obligación de abstención concierne relaciones de profesionales que hayan tenido lugar en los últimos dos años.

En la misma línea habría sido saludable extender la obligación de abstención a los últimos 3 años, como hemos citado respecto del caso francés. Finalmente, nos parece erróneo haber regulado las declaraciones en función del régimen patrimonial pactado, por cuanto es evidente que, independiente de este régimen, cualquier medida adoptada por el funcionario y que favorezca a su cónyuge o conviviente civil, lo posicionaría en una situación de conflicto de interés Entendemos que debió seguirse la misma lógica que, en el mismo artículo obliga a declarar las actividades económicas, profesionales o laborales que conozca, de su cónyuge o conviviente civil, cualquiera sea el régimen pactado.

En resumen, más allá de remitirse a cuerpo legales que ya eran aplicables a la SVS, la Ley no estableció nuevos mecanismos destinados a evitar el conflicto de intereses durante el ejercicio de las funciones, radicando la verdadera novedad en el Art.

Las nuevas causales de abstención consagradas en el artículo 16 de la Ley Nº El artículo 16 de la Ley señala que los comisionados deberán abstenerse de participar y votar cuando se traten materias o se resuelvan asuntos en que puedan tener interés expresando también las circunstancias bajo las cuales este se configura.

Comienza por una cláusula de apertura, muy bienvenida, a través de la cual se deja abierta la posibilidad de que existan otras circunstancias en las que existe interés comprometido.

En cuanto a las causales solo queremos destacar las siguientes:. Cuando las decisiones o asuntos a tratar recaigan sobre sociedades o entidades en las que se hubiere desempeñado en los últimos doce meses como director, administrador, gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité́, como también de sus matrices, filiales o coligadas.

En este caso la ley no señala expresamente si deben tratarse de actividades remuneradas o no, omisión que también contiene la LBPA, en cualquier caso, en ambas circunstancias deben ser declaradas conforme al Art. Observemos que la última causal solo se extiende a relaciones que hayan tenido lugar en los últimos doce meses, sin embargo, como ellas parecen estar comprendidas en el Nº 5 del Art.

Cuando se haya pronunciado o emitido opiniones, por cualquier medio, sobre un procedimiento sancionatorio en curso y cuya resolución se encontrare pendiente.

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Estado de vigencia Elija uno Vigente, de alcance general Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia Vetada Derogada No vigente, abrogada implícitamente No vigente, ley caduca Refundida, ley caduca. En efecto, el último inciso del art. establece una reserva de la ley orgánica para la determinación de las competencias del Consejo de Estado, pero no es una norma atributiva de competencias materiales del Estado, de modo que no altera ni permite alterar el régimen de competencias que se reduce del Título VIII de la Constitución.

La Ley Orgánica que lo desarrolla debe atenerse al mismo y a las normas del bloque de la constitucionalidad correlativas. Por lo tanto, el segundo inciso del art. De ahí que para ello sea preciso acudir a las reglas competenciales que prescriben el Título VIII y los Estatutos de Autonomía que lo desarrollan y complementan.

Desde esta perspectiva, el Abogado del Estado afirma que, en muchos de los procedimientos para los que los arts. exigen dictamen preceptivo del Consejo de Estado, esta intervención se justifica en cuanto constituye un aspecto básico del régimen jurídico de las Administraciones públicas o del procedimiento administrativo común, en garantía de los administrados y de su tratamiento común por las distintas Administraciones públicas, que es competencia exclusiva del Estado art.

Al imponer el informe preceptivo del Consejo de Estado a las Comunidades Autónomas en los mismos supuestos en que se impone al Gobierno y a la Administración del Estado y a otras Administraciones públicas , el art. no estaría sino concretando dicha normativa básica o procedimental común, de inexcusable observancia por las Comunidades Autónomas.

Si el razonamiento del Abogado del Estado fuera correcto, habría que concluir la plena y absoluta validez de la regla contenida en el precepto cuestionado. La intervención preceptiva de un órgano consultivo de las características del Consejo de Estado, sea o no vinculante, supone en determinados casos una importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo.

En razón de los asuntos sobre los que recae y de la naturaleza del propio órgano, se trata de una función muy cualificada que permite al legislador elevar su intervención preceptiva, en determinados procedimientos sean de la competencia estatal o de la autonómica, a la categoría de norma básica del régimen jurídico de las Administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común art.

Sin embargo, esta garantía procedimental debe cohonestarse con las competencias que las Comunidades Autónomas han asumido para regular la organización de sus instituciones de autogobierno art. Ningún precepto constitucional, y menos aún el que se refiere al Consejo de Estado, impide que en el ejercicio de esa autonomía organizativa las Comunidades Autónomas puedan establecer, en su propio ámbito, órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribuciones y actividades de los respectivos Gobiernos y Administraciones autonómicas.

Ello no lo niega el Abogado del Estado, con lo que el problema que se plantea es si como aspecto básico del régimen jurídico de las Administraciones públicas o del procedimiento administrativo común, ha de entenderse también que sea precisamente el Consejo de Estado el órgano que emita el dictamen o consulta preceptiva.

Pues bien, si una Comunidad Autónoma, en virtud de su potestad de autoorganización atribuye al Consejo de Estado, salvo que el Estatuto de Autonomía establezca otra cosa, y naturalmente sin perjuicio de lo dispuesto en el art. También el Abogado del Estado admite expresamente tal posibilidad y su validez constitucional.

Lo que no considera conforme a la Constitución es que la atribución de semejantes facultades a los consejos consultivos de las Comunidades Autónomas excluya la intervención del Consejo de Estado en los mismos casos y en relación con las mismas actuaciones de la Comunidad Autónoma correspondiente, pues esta intervención es preceptiva en todo caso, en virtud del art.

A tal efecto razona el Abogado del Estado que, cuando la ley autonómica prescriba el dictamen del órgano consultivo autonómico en los mismos casos contemplados por el art.

Esta tesis no puede ser admitida, pues, si así fuera, quedarían gravemente comprometidos algunos de los principios en que se funda la organización territorial del Estado conforme al diseño constitucional. Ante todo, la misma potestad de autoorganización de las Comunidades Autónomas, ya que si éstas crean un órgano consultivo propio dotado de las mismas funciones que el Consejo de Estado es, claramente, porque han decidido prestar las garantías procedimentales referidas a través de su propia organización, sustituyendo la que hasta ahora ha venido ofreciendo aquel órgano consultivo estatal también en el ámbito de competencia de las Comunidades Autónomas.

Decisión esa que, según se ha dicho, se encuentra plenamente legitimada por el art. y los preceptos concordantes de los Estatutos de Autonomía. Además habría que añadir que sería muy probablemente innecesario y, sin duda, gravoso y dilatorio que en un mismo procedimiento debiera recabarse sucesivamente dictamen de un órgano superior consultivo autonómico de características parecidas al Consejo de Estado y del propio Consejo de Estado, con desprecio de los principios de eficacia administrativa art.

y eficiencia y economía del gasto público art. La aplicación de aquellos principios, esenciales para el correcto funcionamiento del Estado de las Autonomías, debe llevar a concluir que la intervención del órgano consultivo autonómico excluye la del Consejo de Estado, salvo que la Constitución, los Estatutos de Autonomía, o la Ley Autonómica, establezcan lo contrario para supuestos determinados.

El legislador estatal también lo ha entendido así, al menos en algunas ocasiones expresas, ya que el art. También la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus arts.

En consecuencia, y por lo que aquí respecta, no sólo hay que reconocer las competencias de las Comunidades Autónomas para crear, en virtud de sus potestades de autoorganización, órganos consultivos propios de las mismas características y con idénticas o semejantes funciones a las del Consejo de Estado, sino, por la misma razón, estimar posible constitucionalmente la sustitución del informe preceptivo de este último por el de un órgano superior consultivo autonómico, en relación al ejercicio de las competencias de la respectiva Comunidad, en tanto que especialidad derivada de su organización propia.

Pero, si es preciso reconocer esa posibilidad de sustitución, también es necesario afirmar que en donde o en tanto semejantes órganos consultivos autonómicos, dotados de las características de organización y funcionamiento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica, no existan, es decir, en aquellas Comunidades Autónomas que no cuenten con esta especialidad derivada de su organización propia, las garantías procedimentales mencionadas exigen mantener la intervención preceptiva del Consejo de Estado, en tanto que órgano al servicio de la concepción global del Estado que la Constitución establece.

Aplicando todo lo expuesto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de Valencia, se debe concluir que el art.

no es contrario a la Constitución, siempre que se entienda que el dictamen del Consejo de Estado se exige a las Comunidades Autónomas sin organismo consultivo propio, en los casos previstos por la mencionada Ley que formen parte de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas o del procedimiento administrativo común.

Esta circunstancia concurre, sin duda, en el supuesto objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad que se refiere, como se recordará, a la elaboración de reglamentos que se dicten en ejecución de leyes. de 22 de abril, del Consejo de Estado, en relación con el art.

Dada en Madrid, a veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos. Firmado: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. Criterio de ordenación: por contenido por fecha. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Ir a contenido Consultar el diario oficial BOE.

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Cuestión de inconstitucionalidad 2. En relación con el art.

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Imparcialidad en el caso ERE

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Garantía de imparcialidad Bingo - La garantía de imparcialidad se vincula directamente con el principio constitucional del “juez natural” (consagrada en la Constitución Nacional y Pactos La imparcialidad judicial puede verse afectada, como refleja la Corte IDH, en los siguientes casos: a. Cuando se recurre a tribunales militares fuera del ámbito Bingo. Un sorteo posterior, esta vez secreto, ha adjudicado al propio Izquierdo la redacción de la sentencia. Otro bingo. garantía de imparcialidad exigible Bingo. Considerando la Sala decisivo para la Esta opción, dado el prestigio y la imparcialidad del garantía de su objetividad e independencia>. Su

Section a 1 provides that, if substantially all work involved in the gaming activity is performed by volunteers, the income, regardless of the type game being played, will not be income from a trade or business.

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Section 1. IRC Section f ; Treas. Resources Court Cases, Chief Counsel Advice, Revenue Rulings, Internal Resources Julius M. Lodge of B'nai B'rith No. Commissioner, 98 F. Regularly carried on? Substantially all volunteer labor? Intente nuevamente haciendo click aquí.

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Soporte Preguntas Frecuentes Mapa del Sitio. Ley Decreto Decisión Resolución Disposición Acordada. Número Norma. Jurisdicción Elija uno Nacional Provincial -- Buenos Aires -- Catamarca --Ciudad Autónoma de Buenos Aires -- Chaco -- Chubut -- Corrientes -- Córdoba -- Entre Ríos -- Formosa -- Jujuy -- La Pampa -- La Rioja -- Mendoza -- Misiones -- Neuquén -- Río Negro -- Salta -- Santa Fe -- San Juan -- San Luis -- Santa Cruz -- Santiago del Estero -- Tierra del Fuego -- Tucumán Internacional.

Estado de vigencia Elija uno Vigente, de alcance general Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia Vetada Derogada No vigente, abrogada implícitamente No vigente, ley caduca Refundida, ley caduca.

Estado de vigencia Elija uno Vigente, de alcance general Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia Derogada. Tema CATEGORY doctrina de la arbitrariedad. Texto en la Norma. Jurisdicción Elija uno Todas Nacional Federal -- Buenos Aires -- Catamarca -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires -- Chaco -- Chubut -- Corrientes -- Córdoba -- Entre Ríos -- Formosa -- Jujuy -- La Pampa -- La Rioja -- Mendoza -- Misiones -- Neuquén -- Río Negro -- Santa Cruz -- Santa Fe -- Salta -- San Juan -- San Luis -- Santa Cruz -- Santiago del Estero -- Tierra del Fuego -- Tucumán Provincial -- Buenos Aires -- Catamarca -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires -- Chaco -- Chubut -- Corrientes -- Córdoba -- Entre Ríos -- Formosa -- Jujuy -- La Pampa -- La Rioja -- Mendoza -- Misiones -- Neuquén -- Río Negro -- Salta -- Santa Fe -- San Juan -- San Luis -- Santa Cruz -- Santiago del Estero -- Tierra del Fuego -- Tucumán Extranjera Internacional.

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Organismo PTN INADI MPF AAIP. Texto del Dictamen.

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La imparcialidad judicial como garantía de un proceso constitucionalmente acusatorio

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